Derecho de participación política ciudadana La participación política es un derecho humano consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos -IIDH- ha adoptado para sus trabajos de investigación y educación en la materia el siguiente concepto. “toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a sus representantes”. Al respecto de este concepto aclara el IIDH que el uso del término comunidad es plenamente intencionado y pretende ser abarcativo de país o pueblo, en diversas dimensiones, a fin de hacer evidente que la participación se ejerce, en una sociedad ampliamente democrática, no sólo en los procesos políticos nacionales, sino en los similares en el plano regional o local. Este derecho es inclusivo de las formas diversas ejercidas por parte de pueblos originarios y aplicable al ámbito local como al nacional. Señala el IIDH que la parte política debe entenderse en su sentido más amplio de forma tal que para que exista una verdadera democracia no puede disasociarse su carácter representativo del participativo, pues la mera representación, por más bien aplicada, es insuficiente para asegurar la democracia. En el contexto actual de avance en los derechos, este concepto abarca además una tercer característica, que es la necesidad de que sea inclusiva para que, en respeto de la diversidad de sujetos, pueblos, orígenes y contextos, busque reflejar la variedad y riqueza de etnias, lenguas, perspectivas y culturas. Una derivación de este carácter inclusivo puede hallarse en la importancia de impulsar los gobiernos locales pues la experiencia de América Latina es que la concentración de poder en el gobierno central ha sido la práctica dominante, lo que ha traído consigo, a la vez, que sean las grandes zonas urbanas los polos de desarrollo, con postergación de los sectores rurales y de los territorios denominados indígenas.