Red de Participación Ciudadana
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Esta ponencia es fruto de la investigación que he venido haciendo desde hace seis años cuando me enteré de que el Ministerio de Educación Pública estaba enseñando la materia de Estudios Sociales y Educación Cívica con textos que mostraban extractos de artículos constitucionales de una versión no vigente. Fue entonces cuando me percaté de que había venido formando al pueblo para que se crea que el Gobierno está conformado por tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero se ha estado ocultando una realidad que viene a transformar la relación de la sociedad con el Gobierno.
El hallazgo fue que desde el 2003 se dio un cambio en la Constitución Política debido al agotamiento del modelo democrático representativo, respaldado éste cambio por el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por otras convenciones sobre derechos humanos. El cambio, desconocido para la mayoría de la población, consistió en dar el derecho al pueblo de tomar parte directamente en el ejercicio del Gobierno para modificar el modelo de democracia solamente representantativa a una también participativa.
Es de extrema importancia el conocimiento de este hecho histórico por parte de quienes vemos en el Trabajo Social una forma de transformación social.
¡Bienvenidos al foro de discusión del Congreso! Compartan aquí sus impresiones sobre el PNDIP y las fases deliberativas.
Repercusión en la Formación y Ejercicio Profesional del Trabajo Social
Esta ponencia interpela directamente tanto al estudiantes como a profesionales en ejercicio (colegiados, investigadores y planificadores):
Para el Estudiantado: Aporta herramientas metodológicas reales para romper el enfoque asistencialista en sus prácticas académicas comunitarias. Les enseña a diagnosticar mediante la matriz de Max-Neef y a utilizar el marco jurídico nacional e internacional para el empoderamiento comunal.
Para los Profesionales en Ejercicio: El Trabajo Social en ministerios u organizaciones adquiere un deber cívico y ético-político de manifestarse. Esta propuesta les dota de un blindaje metodológico riguroso y una justificación técnica basada en el principio de legalidad para plantear reformas estructurales y auditorías operativas en sus respectivas instituciones y proyectos en los que se desempeñan.
El IMAS como caso de estudio práctico
El IMAS representa el ejemplo vivo de cómo el Estado costarricense, al amparo de enfoques basados estrictamente en la Línea de Pobreza, violenta el derecho a la participación y fractura el desarrollo socioeconómico mediante la centralización de sus decisiones, así como la determinación del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda de reducir el presupuesto público destinado a programas sociales violentando el artículo 50 de la Constitución Política que establece entre otros asuntos que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” y evidentemente ésto no está ocurriendo ni con la política Costa Rica Impulsa (antes llamada IMAS Impulsa) ni con la metodología para determinar la situación de pobreza y pobreza extrema que se limita a identificar aspectos externos materiales como son las condiciones del lugar de habitación y la tenencia de artefactos eléctricos, sin indagar sobre la calidad de la alimentación por ejemplo. Inclusive se niega ayudas económicas a personas en estados de indigencia por no estar actualmente dentro de sus programas de atención, pues si no están ubicados en una vivienda somos excluidas del sistema.
El IMAS como ejemplo de violación al derecho de participación
En la ponencia, se denuncia el accionar del IMAS como una institución que opera desde la verticalidad y el centralismo administrativo. Su dinámica violenta la participación del pueblo mediante al menos tres fallas estructurales:
Uso de Satisfactores Destructores e Inhibidores: De acuerdo con la matriz de Max-Neef et al. el IMAS gestiona la pobreza mediante subsidios económicos condicionados (asistencialismo clientelista). Estos funcionan como seudo-satisfactores o satisfactores inhibidores: simulan resolver la necesidad de Subsistencia, pero aniquilan de forma sistemática la Autonomía, Identidad y Participación de las familias vulnerables.
Desconexión de la Realidad Local: Al utilizar mediciones rígidas e impuestas desde las jefaturas del gobierno central en San José, las transferencias monetarias además de ser cada vez más escasas e insuficientes debido a los recortes presupuestarios, no conectan con el entorno existencial (el Ser, Hacer y Estar) de las personas. Las personas que ejercen la función pública actúa como un «asignador técnico» de recursos, despojando a la persona de su condición de sujeto político y parte del Estado.
Ausencia de Mecanismos de Incidencia Vinculante: Siguiendo los informes de la Defensoría de los Habitantes (DHR) y de organizaciones como ACCESA citadas en tu documento presentado ante el Mideplan para la construcción participativa del PNDIP, el IMAS no posee instancias donde las personas y familias beneficiarias co-diseñen y evalúen las políticas de asignación. El pueblo es tratado como un simple «objeto de la administración» o «usuario» pasivo, perpetuando modelos coloniales de intervención asistencial.
Aplicada al análisis de la gestión pública en Costa Rica y la propuesta de Democracia Participativa en ARO.RED
| Categoría Axiológica (La Necesidad) | SER (Atributos personales o colectivos) | TENER (Instituciones, leyes, herramientas) | HACER (Acciones, praxis disciplinar) | ESTAR (Espacios, entornos de interacción) |
|---|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN Eje central ARO.RED |
Conciencia crítica, corresponsabilidad, solidaridad, autonomía ciudadana. | Artículo 9 Constitucional, Ley 8364, Cartas Iberoamericanas, Órgano Colegiado. | Cocrear el PNDIP, cooperar, deliberar, votar de forma directa y vinculante. | Mesas locales, sistemas deliberativos digitales, presupuestos participativos. |
| SUBSISTENCIA | Salud física, adaptabilidad, cordura, resiliencia comunitaria. | Sistemas de producción local, salarios justos, seguridad social estable. | Alimentar, procrear, trabajar, contrarrestar seudo-satisfactores económicos. | Entorno vital, comedores escolares dotados, ferias locales de comercio. |
| PROTECCIÓN | Cuidado, capacidad de previsión, autonomía ante la violencia. | Sistemas de seguridad social, salud pública descomprometida, redes de cuido. | Prevenir, vigilar, auditar fondos públicos, cooperar en seguridad comunal. | Contorno social seguro, barrios integrados, espacios públicos iluminados. |
| ENTENDIMIENTO | Conciencia crítica, curiosidad, intuición, disciplina investigativa. | Educación superior pública (UCR), centros culturales, literatura. | Investigar, deconstrucir a Maslow, estudiar competencias estatales. | Aulas universitarias críticas, foros abiertos, redes de saber colectivo. |
| AFECTO | Autoestima, generosidad, empatía, respeto a la diversidad. | Familias, redes de apoyo mutuo, organizaciones comunitarias horizontales. | Compartir, cuidar, expresar disenso constructivo, valorar al otro. | Hogar, espacios asociativos libres, contornos comunitarios protectores. |
| OCIO | Curiosidad, receptividad, imaginación, tranquilidad. | Juegos, espectáculos públicos gratuitos, áreas verdes, agenda cultural. | Soñar, divagar, recrearse, desconectarse de la burocracia estatal. | Espacios de encuentro, plazas públicas libres de privatización mercantil. |
| CREACIÓN | Imaginación, inventiva, racionalidad no instrumental, audacia. | Métodos pedagógicos, talleres, software libre, herramientas de innovación. | Diseñar el Órgano Colegiado, proponer soluciones sinérgicas, componer. | Laboratorios ciudadanos, colectivos artísticos, redes de Estado Abierto. |
| IDENTIDAD | Pertenencia, consistencia, valores compartidos, respeto étnico. | Símbolos, lenguas propias, territorios indígenas autónomos, memoria histórica. | Integrarse, reconocerse como sujeto político, defender el tejido social. | Lugares de pertenencia, comunas, espacios de manifestación ciudadana. |
| LIBERTAD | Autonomía, autodeterminación, rebeldía crítica, apertura. | Derechos humanos fundamentales, Artículo 21 DUDH, garantías sociales. | Discrepar, elegir, autogestionar el presupuesto, manifestarse pacíficamente. | Espacio público pleno, plataformas libres de censura algorítmica. |
Para pasar de la queja y la denuncia a la propuesta y la acción concreta para alcanzar la soberanía presento ésta Guía práctica para la transformación desde la Red Social Alternativa de Participación Ciudadana ARO.RED
Por: Fernando Alberto Araya Anderson
Costa Rica atraviesa un momento histórico crítico. Somos testigos de cómo las políticas centralizadas y los agresivos recortes presupuestarios desmantelan la inversión social, la cultura, las universidades públicas y los comedores escolares que sostienen la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, entre otros casos. Mientras los recursos comunitarios se contraen, los fondos destinados a la centralización operativa del Ministerio de la Presidencia aumentan.
Ante este panorama, la respuesta tradicional del Estado (a través del IMAS y Mideplan) ha sido medir nuestra realidad con una regla rota: la Línea de Pobreza. Creen que la exclusión se soluciona arrojando subsidios económicos condicionados y verticales. Pero hoy sabemos la verdad: el asistencialismo estatal opera como un seudo-satisfactor. Calma el estómago por unas horas, pero castra nuestra autonomía, nuestra identidad y nuestro derecho a decidir. El Estado nos trata como usuarios pasivos, invisibilizando que el Artículo 9 de nuestra Constitución Política y el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos otorgan el derecho y el deber de ejercer el Gobierno de forma directa.
Para romper con este círculo de dependencia y exclusión, en ARO.RED adoptamos la Teoría del Desarrollo a Escala Humana del economista Manfred Max-Neef. Pasamos de la pirámide vertical de Maslow a una matriz horizontal donde la pobreza no es una, sino muchas. Si nos falta participación, sufrimos una pobreza política; si nos quitan la cultura, sufrimos una pobreza de entendimiento.
Metodología didáctica y profesional basada en la teoría de Manfred Max-Neef
Para articular una metodología propia que funcione tanto en las aulas como en el ejercicio profesional (instituciones, ONG’s o comunidades), se propone un proceso de tres fases operativas que redefina la relación entre la academia y el ámbito profesional.
Propuesta metodológica didáctica y profesional.
Ventaja de esta Metodología
Al graduar profesionales bajo este modelo, el Trabajo Social adquiere una herramienta técnica para la planificación social. Permite argumentar técnicamente ante ministerios o juntas directivas por qué un proyecto social está fracasando (por usar satisfactores inhibidores o violadores) y cómo reestructurarlo mediante lógicas sinérgicas y participativas reales.
Ventaja de esta Metodología
Al graduar profesionales bajo este modelo, el Trabajo Social adquiere una herramienta técnica para la planificación social. Permite argumentar técnicamente ante ministerios o juntas directivas por qué un proyecto social está fracasando (por usar satisfactores inhibidores o violadores) y cómo reestructurarlo mediante lógicas sinérgicas y participativas reales.
El contraplanteamiento conceptual: Max-Neef vs. mediciones del Mideplan e IMAS
La limitación metodológica de estos ministerios radica en cómo conceptualiza y mide las condiciones de vida en Costa Rica:
La Línea de Pobreza (LP) como reduccionismo
El enfoque monetario de la LP (utilizado de forma exclusiva tras decisiones de regresar a este indicador tradicional dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública vigente 2022-2026) asume intrínsecamente que la pobreza se soluciona únicamente mediante el ingreso económico. Utilizando la visión de Manfred Max-Neef y su equipo, se sitúa al desarrollo social solamente el plano del «Tener», ignorando las dimensiones existenciales del Ser, Hacer y Estar, y reduciendo los satisfactores a meros subsidios económicos o asistenciales (los cuales operan a menudo como o
seudo-satisfactores).
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y su estancamiento
El IPM amplió la mirada al medir privaciones en educación, salud, vivienda y trabajo. Sin embargo, tal como evidencia el documento presentado ante el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) carece de un abordaje que conecte estas dimensiones con las necesidades axiológicas reales de la población (como la participación, la identidad o la libertad). El IPM identifica carencias materiales, pero no identifica los satisfactores sinérgicos necesarios para que las propias comunidades las familias e individuos superen estructuralmente la situación de pobreza y exclusión.
La alternativa de las Necesidades Humanas Fundamentales (NHF)
Al cruzar la Matriz de Max-Neef dentro de esta propuesta metodológica se demuestra que la pobreza no es una, sino muchas (pobreza de entendimiento, de protección, de participación entre otras). Cuando el Mideplan planifica sin involucrar a las personas y organizaciones de la sociedad civil, implementa satisfactores inhibidores o singulares que perpetúan la dependencia institucional en lugar de detonar la transformación social.
Evidencia de la exclusión institucional en los documentos del MIDEPLAN
Basándonos de forma estricta en el análisis de los documentos oficiales evaluados en la propuesta de la Sociedad Civil para la construcción participativa del PNDIP, se identifica tres grandes contradicciones en la planificación nacional:
Diferencias estructurales entre el modelo plutocrático tradicional y el Sistema Deliberativo Continuo
Frente a la inoperancia del Estado debido a la inexistente acción de respuesta al ejecútese de la Ley 8364 desde el 2003 por parte del poder Ejecutivo, esta propuesta trasciende la queja y la denuncia paralela plantear una hoja de ruta administrativa concreta basada en las propias guías de reforma organizacional del MIDEPLAN de abril del 2025.
La estrategia plantea la creación de un órgano colegiado para la institucionalización de la participación ciudadana. Su diseño técnico y metodológico tiene un fuerte fundamento legal.
Naturaleza no burocrática: Para aligerar y reducir la complejidad del proceso, la propuesta plantea que este espacio se constituya como un órgano colegiado de coordinación, el cual, por lineamiento jurídico, no requiere ser creado por ley y se puede crear de forma inmediata. Esto permite una activación ágil y directa para contrarrestar la centralización del poder y la urgencia de aportes de parte del pueblo.
Inclusión del Pueblo no Organizado: Rompiendo con los vicios de las comisiones tradicionales (como la Comisión Nacional de Estado Abierto como foro multiactor para coordinar las acciones de Gobierno Abierto), este órgano garantiza de forma irrenunciable e indelegable el derecho a la participación de individuos y personas que no pertenecen a ninguna organización civil, haciendo valer el tejido social real de Costa Rica.
Enfoque de Niñez y Adolescencia: El concepto de «pueblo» en este diseño metodológico no se reduce a la población votante. El órgano integra canales vinculantes de incidencia política para niñas, niños y adolescentes, reconociendo su derecho humano a opinar y decidir sobre las transformaciones de su entorno.
Nivel de Gestión Colaborativa Avanzada (Cocreación y Codecisión): El órgano colegiado adopta de manera obligatoria las metodologías de Open Government Partnership (OGP) y de la CEPAL y las recomendaciones de la OCDE. Supera el nivel meramente informativo o consultivo y obliga a las instituciones públicas a abrir presupuestos participativos y mesas de debate colectivo con voto paritario entre autoridades y ciudadanía.
Para trascender el modelo centralista e inoperante para la Democracia Participativa, la presente propuesta defiende el cumplimiento del Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la participación directa en los gobiernos y la reforma del Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica, que eleva al pueblo al rango de actor directo del Gobierno.
Bajo este marco jurídico e internacional (apoyado por las Cartas Iberoamericanas de Gobierno Abierto y de Participación Ciudadana en la Función Pública), la intervención del Trabajo Social y la ciudadanía debe exigir la institucionalización de mecanismos deliberativos con incidencia real como son:
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública como un proceso de construcción participativa del pueblo y no como algo impuesto.
Al replantear el diseño del actual PNDIP mediante un proceso de real participación popular en su elaboración, implementación, evaluación, fiscalización y sistematización se logrará sustituir la verticalidad plutocrática por un sistema deliberativo continuo de cuatro fases consecutivas, alineado con los niveles superiores de Cocreación y Cogestión de CEPAL, OGP y OCDE.
Fase 1: Diagnóstico Regional Sinérgico (Nivel Informativo-Consultivo Avanzado)
El flujo inicia con la activación de las Unidades de Planificación Institucional (UPI) en las regiones periféricas y rurales del país. Utilizando tecnologías de la información y comunicación interoperables y metodologías presenciales de cartografía social, el Órgano Colegiado, una vez constituido, convoca de manera pública y abierta a las comunidades sin exclusión de ninguna índole. En esta fase se sustituyen las encuestas tradicionales de Línea de Pobreza monetaria por el levantamiento de la Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales de Max-Neef junto con las personas y organizaciones que constituyen en Órgano Colegiado. A través de éste proceso la población identifica las pobrezas específicas de su entorno y las situaciones que dan lugar a esas condiciones de pobrezas y califica si las intervenciones vigentes del IMAS o ministerios sectoriales actúan como satisfactores sinérgicos o inhibidores.
Fase 2: Co-diseño del PNDIP y Presupuestos Participativos (Nivel de Colaboración)
La información recolectada e indexada mediante una aplicación automatizada tecnológicamente se traslada a mesas de trabajo conjuntas entre personas funcionarias de MIDEPLAN y las representantes del “Bloque de Soberanía Popular” o sea de las persona, grupos y organizaciones que constituyan el Órgano Colegiado. Aquí se formulan los objetivos estratégicos y las directrices sectoriales de inversión pública. La innovación metodológica central radica en que las prioridades presupuestarias públicas y los techos de inversión social no se deciden unilateralmente por el Poder Ejecutivo, sino que se co-diseñan asignando partidas específicas a las necesidades priorizadas por las regiones, aplicando criterios de equidad e inclusión para sectores vulnerables.
Fase 3: Votación Deliberativa y Codecisión Vinculante (Nivel Decisorio)
Una vez reestructurado el PNDIP debido a que el reciente documento excluyó el aporte de la sociedad civil para su construcción participativa y habiendo trabajado de forma conjunta e inclusiva en las directrices de financiamiento, el documento es sometido al plenario del Órgano Colegiado.
El proceso de toma de decisiones se rige bajo la horizontalidad democrática partiendo del concepto de democracia participativa y los estándares internacionales de Gobierno Abierto, donde el voto de un ministro de Estado posee exactamente el mismo peso que el de un delegado comunal o una persona no organizada. Se busca el consenso técnico y social; en caso de disenso insalvable, se recurre a mecanismos de votación donde las propuestas de la sociedad civil con viabilidad técnica son integradas de pleno derecho, eliminando cualquier privilegio del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia o de cualquier otro ministerio.
El documento final aprobado por el Órgano Colegiado adquiere un carácter vinculante e inapelable para su remisión a la Asamblea Legislativa.
Fase 4: Monitoreo Abierto, Auditoría de Satisfactores y Devolución (Nivel de Control y Gestión Social)
Durante la ejecución del PNDIP, el Órgano Colegiado ejerce funciones permanentes de vigilancia y fiscalización social y evaluación sobre los Planes Operativos Institucionales (POI) y toda intervención que incluya recursos públicos gestionados por el medio que sea, incluyendo empréstitos y donaciones. Se aplica en esta fase el principio de transparencia activa mediante la publicación íntegra de minutas, presupuestos ejecutados e informes de resultados en formatos abiertos y accesibles. Siguiendo los estándares de OGP, se establece la obligatoriedad de emitir informes de devolución razonada ante cada consulta o propuesta ciudadana, justificando técnicamente el impacto real de las intervenciones sobre el bienestar de las personas, familias y comunidades, garantizando la rendición de cuentas en todo el ciclo de la gestión pública. Es importante destacar que el Órgano Colegiado no puede evaluar la participación de forma puramente cualitativa o discursiva.
Haz clic en cada fase para ver su enfoque y nivel de avance:
Inicia con la activación de las Unidades de Planificación Institucional (UPI) en regiones periféricas y rurales. Se sustituyen las encuestas tradicionales de Línea de Pobreza monetaria por el levantamiento de la Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales de Max-Neef junto con el Órgano Colegiado.
Activación de Unidades de Planificación Institucional (UPI) en regiones periféricas. Se implementa la Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales de Max-Neef para identificar carencias reales y evaluar si las intervenciones actúan como satisfactores o inhibidores.
Mesa de trabajo conjunta entre MIDEPLAN y el "Bloque de Soberanía Popular". Los techos de inversión social e inversión pública se co-diseñan con participación comunitaria directa, priorizando la equidad territorial.
Plenario horizontal donde el voto de un ministro de Estado tiene el mismo valor que el de un delegado comunal. El documento aprobado adquiere carácter vinculante e inapelable para su trámite legislativo.
Vigilancia permanente de los Planes Operativos Institucionales (POI) con transparencia activa. Obligatoriedad de emitir informes de devolución razonada ante cada propuesta ciudadana.
Prueba el efecto institucional de implementar las fases deliberativas en la gestión del PNDIP:
Métricas de éxito cuantitativas para la auditoría y codecisión del PNDIP 2027-2030
Garantiza el porcentaje de votos individuales sin afiliación corporativa o partidaria en las plenarias.
Monto total en colones fiscales asignado y dictaminado directamente por las Agencias Regionales (AREDES).
Obligación técnica del MIDEPLAN e IMAS de emitir respuestas públicas y justificadas a cada propuesta.
Relación matemática que mide la superación del indicador de Línea de Pobreza hacia el Ser, Hacer y Estar.
